¿Qué ocurre durante el proceso sucesorio?
Puesta en marcha
Se presenta una petición ante el tribunal, bien solicitando que el tribunal admita el testamento a trámite, bien abriendo una sucesión intestada (sucesión sin testamento). Se "prueba" el testamento y se entrega la copia original al tribunal. El testamento de la persona fallecida puede probarse mediante una declaración jurada de los testigos del testamento. Normalmente, esto ya se hace cuando se firma el testamento original. Si no se dispone de tal declaración jurada, se requerirá la presencia personal de los testigos en el tribunal testamentario para testificar que en el momento en que se firmó el testamento, la persona fallecida estaba en pleno uso de sus facultades mentales y era consciente de las circunstancias.
Se elige un representante personal. Un representante personal es designado por el tribunal para gestionar los asuntos de la persona fallecida. Un testamento generalmente nombra a un representante personal que, si está dispuesto a servir y calificado, será aprobado por el tribunal. Si una persona fallece sin testamento, el tribunal elegirá al representante personal, que suele ser el cónyuge superviviente, un hijo adulto u otro pariente cercano. La ley de Oregón establece una preferencia sobre quién es el siguiente en la línea de sucesión. Si estas personas no están disponibles o dispuestas a ser el representante personal, el tribunal puede elegir a un fiduciario profesional.
Los herederos y las personas nombradas en el testamento son notificados del procedimiento sucesorio.
Identificación de activos
Se identifican los bienes sucesorios, se prepara un inventario y se presenta ante el tribunal. El representante personal se encarga de identificar y valorar los bienes sucesorios de la persona fallecida. No todos los bienes deben pasar por el proceso de sucesión. Sólo los activos que no tienen un propietario superviviente o beneficiario designado están sujetos a la jurisdicción del tribunal. Al identificar los bienes, el representante personal suele tener conocimiento de los bienes no testamentarios. Dependiendo del tipo de bienes y de los registros dejados por la persona fallecida, este paso puede ser bastante sencillo, o difícil y lento.
Gestión de acreedores
Se publica un aviso a los acreedores desconocidos en un periódico local. Este aviso público a los acreedores les da un plazo de cuatro meses para presentar reclamaciones contra la herencia por las deudas que la persona fallecida tenga con ellos. El representante personal también notifica por escrito a todos los acreedores conocidos y posibles.
Las deudas se determinan y finalmente se pagan. El representante personal se asegura de que se pague a los acreedores válidos. Los acreedores deben ser reembolsados con cargo a la herencia antes de que los activos restantes de la herencia puedan ser distribuidos a los beneficiarios.
Impuestos
Por lo general, el representante personal debe consultar con un profesional fiscal acerca de las declaraciones finales del impuesto sobre la renta del difunto y cualquier requisito del impuesto sobre sucesiones. Con la asistencia del contador público, el representante personal prepara las declaraciones de impuestos finales en nombre del difunto, incluidas las declaraciones de impuestos individuales, las declaraciones de impuestos sobre sucesiones o herencias, si es necesario, y paga los impuestos adeudados con los fondos del patrimonio.
Cierre de la herencia
La rendición de cuentas ante el tribunal es el último paso. El representante personal prepara y presenta una contabilidad a los beneficiarios nombrados en el testamento, o a los herederos legales si no hay testamento. Los beneficiarios tienen la oportunidad de oponerse a la contabilidad o pueden renunciar a su derecho a oponerse para completar más rápidamente esta tarea final. Esta contabilidad también se presentará al tribunal para su revisión y aprobación. La contabilidad muestra todo el dinero pagado por la herencia y todo el dinero recaudado por la herencia. También contiene una explicación de las acciones importantes tomadas en relación con la liquidación de la herencia. En esta fase, el tribunal aprueba el pago de los honorarios y costes de los abogados, los honorarios de preparación de impuestos, los honorarios legales del representante personal, el reembolso de los gastos de bolsillo y otros gastos pendientes similares con cargo a los fondos de la sucesión.
Tras la aprobación judicial de la contabilidad y el pago de todos los gastos de sucesión pendientes, los bienes de la persona fallecida se distribuyen a las personas o entidades designadas en el testamento o, si la persona falleció sin testamento, a los herederos legales.
¿Cuánto dura el proceso de sucesión?
La sucesión puede iniciarse inmediatamente después del fallecimiento y suele durar entre nueve y dieciocho meses. En las pequeñas sucesiones, hay un período de espera de 30 días antes de poder presentar la documentación ante el tribunal. Por lo general, la sucesión de un pequeño patrimonio tarda entre seis y nueve meses en completarse.
Factores que pueden aumentar el tiempo y los gastos de la sucesión:
- Disputas entre herederos o beneficiarios
- Bienes inmuebles que deben venderse
- Certificados individuales de acciones u obligaciones que deben tramitarse
- Asuntos fiscales complicados
¿Cuáles son los costes?
Según la ley de Oregón, un representante personal tiene derecho a percibir unos honorarios por el trabajo de liquidación de la herencia. En Oregón se establece un porcentaje fijo del valor total de la herencia. A veces, el tribunal aprueba honorarios adicionales por el trabajo extraordinario del representante personal. Los gastos pagados directamente por el representante personal deben ser aprobados por el tribunal. Otros gastos incluyen las tasas de presentación ante el tribunal, las tasas de notificación legal por publicación en el periódico local y cualquier otro gasto necesario, como las tasas de tasación. Los abogados y su personal de apoyo generalmente cobran una tarifa horaria por sus servicios, y todos los honorarios y gastos de abogados deben ser aprobados por el tribunal antes de que el pago pueda hacerse con los fondos del patrimonio.